"Cabe definir la democratización diciendo que es el proceso mediante el cual: 1) el individuo pasa a ser un elemento activo, y no un simple objeto de la comunicación; 2) aumenta considerablemente la variedad de mensajes intercambiados; 3) aumenta también el grado y la calidad de la representación social en la comunicación o la participación.
"Un solo Mundo, Voces Múltiples; FCE/UNESCO, México, 1980, pág. 289, en Roncagliolo, R., "Comunicación y democracia en el debate internacional".
El proyecto audiovisual enviado por Cristina Fernández al congreso surge de la necesidad de cambiar la actual ley de la dictadura. Se presenta cómo progresivo con respecto a está y las distintas modificaciones que actualmente rigen la comunicación; y si bien existen aspectos destacables, inclusive allí falta claridad para comprender cómo se garantizará la "democratización de la comunicación".
El proyecto prevee que el espectro se divida en 33% para el sector privado, 33% para el sector público y 33% para las organizaciones sociales. Aunque en este sentido el artículo avanza ante la actual ley que impide que organizaciones no gubernamentales puedan acceder a una licencia, no queda claro de donde saldría el presupuesto necesario para garantizarlo, tampoco de que forma se evitaría que el 33% destinado a organizaciones sociales, sindicatos, universidades, etc... quede en manos de funcionarios allegados al ejecutivo de turno o fundaciones de empresas multinacionales (cómo la fundación YPF).
Otro aspecto interesante es aquel que anuncia que un mismo grupo no podrá tener el control de un canal de televisión abierta, una licencia para dar televisión por cable, y una radio en la misma área geográfica. Lo que cabe preguntarse es de forma estarán delimitadas las áreas geográficas y que artilugios generará el holding Clarín para mantener sus empresas.
También surgen medidas nacionalistas en esta nueva propuesta; por ejemplo aquella que pauta que las radios deberán contar con un mínimo de 70% de producción local en materia de contenidos, mientras que para la televisión el mínimo sería de 60%. Este aspecto también genera polémica entre los productores, ya que el Grupo Clarín es accionario de muchas "productoras independientes" (caso Pol-Ka o Ideas del Sur y Clarín).
Por otra parte, es importante señalar que la autoridad de aplicación de la norma ya no sería el Comfer, sino un organismo creado para tal fin con representación del poder ejecutivo, el poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y representantes de las entidades representativas de los trabajadores de medios y artes audiovisuales. Otra vez estamos ante la misma pregunta: ¿de qué forma se garantiza que los intereses económicos de los grupos y del gobierno no interfieran?.
En definitiva lo importante aquí es señalar que una ley de medios necesita de una política de Comunicación que la sustente, y cómo señala Margarita Graziano "allí donde no existe una política explícita fruto de la participación de la concertación social, han alflorado "políticas" implícitas a través de la intervención de grupos, sectores, o agentes con intereses distintos del interés colectivo".
El proyecto prevee que el espectro se divida en 33% para el sector privado, 33% para el sector público y 33% para las organizaciones sociales. Aunque en este sentido el artículo avanza ante la actual ley que impide que organizaciones no gubernamentales puedan acceder a una licencia, no queda claro de donde saldría el presupuesto necesario para garantizarlo, tampoco de que forma se evitaría que el 33% destinado a organizaciones sociales, sindicatos, universidades, etc... quede en manos de funcionarios allegados al ejecutivo de turno o fundaciones de empresas multinacionales (cómo la fundación YPF).
Otro aspecto interesante es aquel que anuncia que un mismo grupo no podrá tener el control de un canal de televisión abierta, una licencia para dar televisión por cable, y una radio en la misma área geográfica. Lo que cabe preguntarse es de forma estarán delimitadas las áreas geográficas y que artilugios generará el holding Clarín para mantener sus empresas.
También surgen medidas nacionalistas en esta nueva propuesta; por ejemplo aquella que pauta que las radios deberán contar con un mínimo de 70% de producción local en materia de contenidos, mientras que para la televisión el mínimo sería de 60%. Este aspecto también genera polémica entre los productores, ya que el Grupo Clarín es accionario de muchas "productoras independientes" (caso Pol-Ka o Ideas del Sur y Clarín).
Por otra parte, es importante señalar que la autoridad de aplicación de la norma ya no sería el Comfer, sino un organismo creado para tal fin con representación del poder ejecutivo, el poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y representantes de las entidades representativas de los trabajadores de medios y artes audiovisuales. Otra vez estamos ante la misma pregunta: ¿de qué forma se garantiza que los intereses económicos de los grupos y del gobierno no interfieran?.
En definitiva lo importante aquí es señalar que una ley de medios necesita de una política de Comunicación que la sustente, y cómo señala Margarita Graziano "allí donde no existe una política explícita fruto de la participación de la concertación social, han alflorado "políticas" implícitas a través de la intervención de grupos, sectores, o agentes con intereses distintos del interés colectivo".
Lau!
Más adelante subo un material que si bien es un poco más extenso que esto que aquí escribo, es mucho más profundo e interesante ...
Salud!
8 comentarios:
Yo no creo que las cosas deban empezar arriba y luego ir hacia abajo. Más bien me parece impracticable.
Pero supongamos que se aprueba una ley simbólica, sin sustento en las actividades reales de los actores.
Quedará en esos actores forzar la interpretación de la ley a su favor, produciendo una pelea por la interpretación hegemónica y la reglamentación que esta produzca.
Hay que plantear las estrategias para ganar Esa pelea y no esta.
Realmente no entiendo qué está pasando con el intento oficial de sacar ya una nueva ley... ¿puede existir una comunicación verdaderamente democrática o eso es una expresión de deseo?
Paulina
Comparto las dudas que muy bien exponés. En lo personal creo que el punto central está en lo que se denomina "la autoridad de aplicación". Bajo ningún punto de vista, si se pretende la administración democrática de los medios de comunicación audiovisuales, esta puede estar bajo la éjida del gobierno, sea el que fuere.
Luego, hay un aspecto técnico que a nadie menciona: una cosa es la administración "del aire" (bien escaso) y muy otra son las señales de cable, Internet y demás. Limitar este campo es totalitario, además de una estupidez que lleva al atraso tecnológico, genera desocupación y atenta contra la diversidad.
Si los gobiernos van a ser tan autoritarios como se teme, mejor que internet lo dejen afuera de la ley ¿no?
En este espacio desregulado que es hoy internet, el problema es la limitación al acceso que proponen los monopolios capitalistas. El contenido que quieras poner en internet es libre y anonimizable siempre y cuando compres el acceso (tanto material como cognitivo) a este servicio.
Creo que esta es la forma dominante de ver internet, pero si el gobierno propusiera regular internet lo haría desde su ideología y además de intentar universalizar el acceso, intentaría regular los contenidos que podemos publicar y recibir en internet.
Eso si el gobierno fuera realmente tan autoritario como se teme.
¿Sabés que pasa, Faras? No es que tal o cual gobierno sea o deje de ser más o menos autoritario (aclaro que, en lo personal, percibo a nuestro actual administración con muchas ganas de ser cada vez más autoritaria y, encima, cleptocrática); sino que por definición los gobiernos NO deben meterse con nuestra "libertad de prensa y de palabra" tal como explícitamente consagra el Art. 32 de la Constitución Nacional. Es al revés, los gobiernos, administradores del Estado, están obligados a garantizar y ampliar cada vez más nuestro libre acceso a la expresión y comunicación, por caso Internet. Ejemplifico: Wi Fi masivo y gratis en todo el territorio nacional. No voy a citar el trillado ejemplo de San Luis. Cruzate el charco y llegate al Uruguay. Están en esa, mientras que aquí vamos como el cangrejo, a la retranca.
Los gobiernos no deben dictar contenidos, están obligados a informar y permitir el acceso a la información, que es otra cosa. Ellos están para rendir cuentas. Un gobierno no es el Estado, sino su administrador; el Estado no es Lo Público, estadío mucho más amplio todavía.
me olvidé completamente que yo tenía un blog, y lo más notable de mi blog... es tu blog. por esa situacion de creer conocerte.
la cosa es que, con respecto a tu post, el nivel de posesión y de intenciones de prevalecer harian sentirse mal hasta el budha mas despierto.
sí, colgada mi habladuría. pero entre tanto ruido no quiero usar otros terminos.
fijate si tenes ganas de pasarte por el myspace de cosas que grabo en casa. en mi blog está el link.
que estés bien.
vos sabrás bien que yo no tengo idea, pero es una sensación. seguro que si hablamos un tanto nos daríamos cuenta de que no nos conocemos ni ahí, o de que pareciera que nos conociéramos!! jeje, el hecho que dudes derroca mi duda.
que estés bien!
peeeeez
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