"Cabe definir la democratización diciendo que es el proceso mediante el cual: 1) el individuo pasa a ser un elemento activo, y no un simple objeto de la comunicación; 2) aumenta considerablemente la variedad de mensajes intercambiados; 3) aumenta también el grado y la calidad de la representación social en la comunicación o la participación.
"Un solo Mundo, Voces Múltiples; FCE/UNESCO, México, 1980, pág. 289, en Roncagliolo, R., "Comunicación y democracia en el debate internacional".
El proyecto audiovisual enviado por Cristina Fernández al congreso surge de la necesidad de cambiar la actual ley de la dictadura. Se presenta cómo progresivo con respecto a está y las distintas modificaciones que actualmente rigen la comunicación; y si bien existen aspectos destacables, inclusive allí falta claridad para comprender cómo se garantizará la "democratización de la comunicación".
El proyecto prevee que el espectro se divida en 33% para el sector privado, 33% para el sector público y 33% para las organizaciones sociales. Aunque en este sentido el artículo avanza ante la actual ley que impide que organizaciones no gubernamentales puedan acceder a una licencia, no queda claro de donde saldría el presupuesto necesario para garantizarlo, tampoco de que forma se evitaría que el 33% destinado a organizaciones sociales, sindicatos, universidades, etc... quede en manos de funcionarios allegados al ejecutivo de turno o fundaciones de empresas multinacionales (cómo la fundación YPF).
Otro aspecto interesante es aquel que anuncia que un mismo grupo no podrá tener el control de un canal de televisión abierta, una licencia para dar televisión por cable, y una radio en la misma área geográfica. Lo que cabe preguntarse es de forma estarán delimitadas las áreas geográficas y que artilugios generará el holding Clarín para mantener sus empresas.
También surgen medidas nacionalistas en esta nueva propuesta; por ejemplo aquella que pauta que las radios deberán contar con un mínimo de 70% de producción local en materia de contenidos, mientras que para la televisión el mínimo sería de 60%. Este aspecto también genera polémica entre los productores, ya que el Grupo Clarín es accionario de muchas "productoras independientes" (caso Pol-Ka o Ideas del Sur y Clarín).
Por otra parte, es importante señalar que la autoridad de aplicación de la norma ya no sería el Comfer, sino un organismo creado para tal fin con representación del poder ejecutivo, el poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y representantes de las entidades representativas de los trabajadores de medios y artes audiovisuales. Otra vez estamos ante la misma pregunta: ¿de qué forma se garantiza que los intereses económicos de los grupos y del gobierno no interfieran?.
En definitiva lo importante aquí es señalar que una ley de medios necesita de una política de Comunicación que la sustente, y cómo señala Margarita Graziano "allí donde no existe una política explícita fruto de la participación de la concertación social, han alflorado "políticas" implícitas a través de la intervención de grupos, sectores, o agentes con intereses distintos del interés colectivo".
El proyecto prevee que el espectro se divida en 33% para el sector privado, 33% para el sector público y 33% para las organizaciones sociales. Aunque en este sentido el artículo avanza ante la actual ley que impide que organizaciones no gubernamentales puedan acceder a una licencia, no queda claro de donde saldría el presupuesto necesario para garantizarlo, tampoco de que forma se evitaría que el 33% destinado a organizaciones sociales, sindicatos, universidades, etc... quede en manos de funcionarios allegados al ejecutivo de turno o fundaciones de empresas multinacionales (cómo la fundación YPF).
Otro aspecto interesante es aquel que anuncia que un mismo grupo no podrá tener el control de un canal de televisión abierta, una licencia para dar televisión por cable, y una radio en la misma área geográfica. Lo que cabe preguntarse es de forma estarán delimitadas las áreas geográficas y que artilugios generará el holding Clarín para mantener sus empresas.
También surgen medidas nacionalistas en esta nueva propuesta; por ejemplo aquella que pauta que las radios deberán contar con un mínimo de 70% de producción local en materia de contenidos, mientras que para la televisión el mínimo sería de 60%. Este aspecto también genera polémica entre los productores, ya que el Grupo Clarín es accionario de muchas "productoras independientes" (caso Pol-Ka o Ideas del Sur y Clarín).
Por otra parte, es importante señalar que la autoridad de aplicación de la norma ya no sería el Comfer, sino un organismo creado para tal fin con representación del poder ejecutivo, el poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y representantes de las entidades representativas de los trabajadores de medios y artes audiovisuales. Otra vez estamos ante la misma pregunta: ¿de qué forma se garantiza que los intereses económicos de los grupos y del gobierno no interfieran?.
En definitiva lo importante aquí es señalar que una ley de medios necesita de una política de Comunicación que la sustente, y cómo señala Margarita Graziano "allí donde no existe una política explícita fruto de la participación de la concertación social, han alflorado "políticas" implícitas a través de la intervención de grupos, sectores, o agentes con intereses distintos del interés colectivo".
Lau!
Más adelante subo un material que si bien es un poco más extenso que esto que aquí escribo, es mucho más profundo e interesante ...
Salud!
